Prostitución de menores con garantía legal

Por Javier Bleda

 Murcia es una ciudad pequeña se mire por donde se mire, y el hecho de ser comunidad autónoma uniprovincial no hace que la talla física dé más de sí, en todo caso el orgullo regionalista puede inducir a la grandeza, pero nada más. Mi introducción sobre la talla de la capital huertana viene a colación de una noticia que ha atravesado las fronteras locales, regionales, y hasta internacionales, medio escandalizando a la población por haberse descubierto una trama de prostitución en la que parece había implicadas algunas menores. Ahora bien, a pesar de ser algo escandaloso (que lo es) el que chicas adolescentes anden atrapadas en un mundo de lupanares ambulantes, lo que llama poderosamente mi atención es que durante mucho tiempo un catálogo de, ni más ni menos, 400 señoritas, o las que fueran, estuviera circulando vía Whatsapp en un entorno tan reducido como la capital murciana, con salidas esporádicas a alguna población cercana, y finalmente esto se conociera, entre otras cosas, porque los padres de una de ellas, menor de edad, indagaron la procedencia de los emolumentos que su hija recibía como canguro, los cuales superaban con creces la media de lo habitual.

Con sospechosa frecuencia viene ocurriendo que este tipo de cosas estallan porque “alguien” hace algo, y es a partir de ese algo que la maquinaria policial y judicial se pone en marcha, o bien, curiosamente, simplemente se reactiva porque, tal vez, y como se comenta sobre este caso, esa maquinaria ya estaba en marcha, solo que tomándose con cierta calma que 400 mujeres, independientemente de su edad, fueran objeto de un catálogo de semejantes dimensiones en un sitio como Murcia donde, normalmente, “todo se sabe”. Y en estas que, entre otros, aparecen incriminados tres abogados, penalistas para más señas, que como carentes de toda lógica profesional, qué digo yo profesional, como carentes de cualquier tipo de lógica, no se les ocurre otra cosa que montar orgías con menores de edad en su propio despacho profesional, abierto en pleno centro de la que más bien parece la capital del sexo.

Decía Valérie Tasso, escritora y sexóloga, que “Para el orden moral no hay nada más excitante de reprimir que la perversión moral que a uno le espera”. Y así es, porque es esa presunta perversión moral la que se enfrenta, en este caso, cara a cara con un orden moral que amenaza el estatus referencial de la pura lógica, y si bien es cierto que hay quien opina que a veces los delitos, y los que los comenten, carecen de lógica, la realidad no es esa, siempre hay una explicación coherente al hecho delictivo, pero también hay paradojas, como por ejemplo la de que tres profesionales con derecho a toga, especialmente entrenados en el campo de lo penal, se llegasen a prestar a semejantes sesiones continuas de ruleta rusa sexual, a no ser que su verdadera intención fuera más allá de la pura perversión, para adentrarse en el terreno deontológico de ofrecer la posibilidad de ejercer la prostitución de menores con garantía legal para las supuestas menores, una especie de “yo no abro la boca si no es en presencia de mi abogado”, en cuyo caso quienes cobrarían serían ellos, no ellas.

Como parte de toda esta gran cascada paradójica, se lee también en la prensa que la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Murcia acuerda incoar diligencias informativas para determinar si, efectivamente, existen abogados inmersos en este procedimiento y abrirles expediente disciplinario en espera de sentencia condenatoria que pudiera conllevarles la expulsión del ejercicio de la profesión. No seré yo quien ponga en duda la esencia del propio Estatuto General de la Abogacía, hasta ahí podíamos llegar, tal vez sólo sentiría sana y colegial curiosidad por saber qué parte del Artículo 123 del Estatuto se aplicaría en este caso, si la que considera infracción muy grave que los colegiados fueran condenados por delitos dolosos como consecuencia del ejercicio de la profesión, o la que considera, con igual gravedad, que fueran condenados a penas graves conforme al artículo 33.2 del Código Penal, es decir, si ejercían la prostitución de menores actuando como abogados de esas supuestas menores, dicho esto con toda ironía, o si, por el contrario, lo hacían con pleno conocimiento de su salto al vacío.

Cabe manifestar aquí el hecho de la presunción de inocencia destruida, puesto que los tres penalistas imputados ya son carne de cañón de los medios (el periódico El País ofreció pelos y señales de la ubicación de su despacho profesional); lo son también de su propio colegio profesional, que levanta preventivamente, sin dejar caer, el mazo de la Justicia antes incluso que la propia Justicia les escuche y, por supuesto, lo son de la masa popular,  ese pueblo tan ávido de sangre (a veces sin necesidad de aplicar la retórica en esto) y presto al linchamiento, siempre arengado por medios de comunicación convertidos en los juristas de los nuevos tiempos.    

Deberíamos plantearnos que todo esto ha ocurrido de verdad, que un álbum con más de cuatrocientas chicas pasaba de móvil en móvil de clientes de alta gama y que, de cuando en cuando, la página del álbum que precisamente contenía las fotos de niñas en edad escolar se paraba justo delante del despacho de tres penalistas. Pero también deberíamos plantearnos que puedan existir otras teorías, como por ejemplo que resulta muy poco creíble que un catálogo con cientos de mujeres jóvenes, algunas menores, pudiera campar por sus respetos en una ciudad de tan reducidas dimensiones sin que la autoridad policial hubiera intervenido desde el minuto uno, en lugar de hacerlo a instancia de parte. Igualmente, siempre desde el punto de vista de la teorización de hipótesis, podríamos pensar que, por razones desconocidas, pero fácilmente deducibles, presuntamente no interesaba descubrir el filón que suponía la carne fresca de tantas mujeres puesta en modo producción, y que si finalmente ha salido a la luz ha sido por un hecho casual denunciado en el lugar adecuado y audazmente tomado de la mano por la inspectora del Grupo 2 de la UCRIF de Murcia, según cuentan los periodistas Rendueles y Marlasca. Y, por teorizar, que para eso está hecho este blog, también podríamos llegar a pensar que a los tres abogados se les ha hecho un traje a medida para que paguen por alguna “deuda” contraída en el mundo del ejercicio del Derecho Penal, porque si bien la razón primigenia de la abogacía es defender al acusado, aún a sabiendas de su culpabilidad, no es menos cierto que el oscuro mundo de lo penal lleva aparejadas conductas, relaciones y modus operandi que marchan a veces sobre una cuerda floja la cual, con frecuencia, se balancea peligrosamente por el movimiento de aquellos a quienes, desde ambos lados de la cuerda, les molesta el funambulismo cuando afecta a sus intereses espurios.

Con todo, si al final resulta que la paradoja planteada no existe, y se demuestra de manera fehaciente que los tres penalistas, Francisco Javier, David y Tomás, utilizaban el catálogo de mercado femenino para su uso y disfrute, que esto lo hacían a sabiendas de que eran menores, o incluso solicitándolo ellos mismos por escrito, y que, además, utilizaban para ello su propio despacho profesional, entonces, y solo entonces, habría que condenarlos por imbéciles antes que por prostitución de menores, tiempo al tiempo.

Afortunadamente para algunos, y no me refiero necesariamente a los detenidos, entre los implicados hay un enterrador, así, aunque sea con falsas promesas, al menos habrá alguien que pueda echar tierra sobre determinados aspectos de esta tan poco acertadamente llamada “Operación Chic Baúl”. ¿A quién se le habrá ocurrido el nombrecito? Habría que juzgarlo por ello.